Rafel Sedano de Esquerra Oberta de Calvià en el "acto ilegal" de apoyo al referéndum catalán

El Espai Can Alcover, gestionado por la Obra Cultural Balear, acogió el miércoles un acto con el objetivo de trasladar al pueblo catalán un mensaje de "fuerza" y "unidad" en el camino hacia la independencia. Un acto que según sus organizadores sería "un acto ilegal" a tenor de los recientes acontecimientos en Cataluña. Al mismo asistieron muchos políticos de la órbita independentista de Mallorca entre los que se pudo ver al concejal de Calvià, Rafel Sedano de Esquerra Oberta de Calvià, que sustenta al Gobierno Municipal, formado por PSOE y Sí Se Puede Calvià.

 

También asistieron todos los consellers de Més del Govern Balear, el vicepresidente del Govern, Biel Barceló; el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal; la de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago y la de Cultura, Fanny Tur, -que es independiente pero fue nombrada a propuesta de Més-.

 

También estuvo presente el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y la portavoz parlamentaria de Podemos, Laura Camargo, quien aseguró horas antes que el pueblo de Cataluña "está viviendo un estado de excepción por un PP que se está saltando derechos y libertades".

 

Por su parte la CUP decidió ayer convocar diversas concentraciones en Mallorca -Manacor, Felanitx, Esporles, Vilafranca, Campanet y Palma- y en Ibiza contra lo que denominan el "estado de excepción" en Cataluña. En la de Cort se concentraron más de 700 personas. En nuestro municipio, Calvià, no se organizó ninguna concentración.

 

El PSOE ha remitido a sus agrupaciones locales una moción para que se debata en los próximos plenos municipales, y a través de la cual se pretende que los ayuntamientos de las Islas se posicionen en contra del referéndum convocado unilateralmente por la Generalitat de Cataluña. En el texto, que se someterá a votación en localidades como Calvià el jueves de la próxima semana, los socialistas manifiestan de forma inequívoca su rechazo contra una consulta que «debe hacerse respetando el ordenamiento jurídico vigente y en el marco legal que otorgue las máximas garantías democráticas a la ciudadanía», algo que no parece suceder en el caso catalán.