La Fiscalía reclama penas que suman 142 años de cárcel para once acusados en el ‘caso Multimedia’, una causa que arrancó en el año 2014 y en la que se investigaban contratos amañados en una empresa pública del Govern entre los años 2008 y 2011. 

 

Los dos principales acusados son los antiguos directores generales José Antonio Santos y el socialista de Calvià, Antoni Manchado, este último un histórico del PSOE en Calvià y que fue senador entre 2011 y 2015, concejal y Secretario General de la Agrupación Socialista de Calvià. 

 

Para ambos, el ministerio público reclama penas de 17 años de cárcel por delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Entre los acusados también está otro exconcejal socialista de Calvià, Francisco Cano, para quien se reclama una pena de catorce años de prisión, quien también fue Secretario General de la Agrupación Socialista de Calvià.

 

El ministerio público nunca había pedido penas tan elevadas en delitos de corrupción: la suma supera a las que se pidieron en casos como ‘Nóos’ (103) o ‘Scala’. De hecho, en único juicio, las condenas que se reclaman aquí son solo comparables a lo que se pidió contra Iñaki Urdangarin (19,5 años, fue condenado a cinco y once meses) o Josep Juan Cardona (21 y recibió una condena de 16). 

 

La calificación provisional responsabiliza casi por igual a todos los investigados de todos los delitos y establece pocas gradaciones entre ellos, de ahí lo elevado de las condenas que se reclaman. Tampoco se valora el posible impacto en las penas del enorme retraso que la causa ha acumulado en el Juzgado de Instrucción 5 de Palma.

 

La acusación sostiene que los dos directores generales, Santos, de Coordinación Departamental en la Conselleria de Presidencia y Manchado, de Tecnología en la Conselleria d’Economia, utilizaron de forma sistemática la empresa pública Multimedia para beneficiar a afines o amigos, entre ellos Francisco Cano. Para ello adjudicaban contratos menores o negociados sin publicidad para abonar estudios que en algunos casos eran plagios o trabajos presentados para otros departamentos.

 

Facturas

«Se presentaban facturas que contenían datos inveraces y que después eran certificadas por los funcionarios que hacían dejación de sus funciones de forma deliberada. Permitían el pago injusto por unos trabajos que no representaban ninguna utilidad a la administración o bien eran una copia de informes anteriores o habían sido obtenidos directamente de páginas de internet, facturándose por trabajos no realizados o por horas de dedicación inexistentes», señala la calificación provisional.

 

El ministerio público estima en 327.000 euros la cantidad defraudada en la supuesta trama. Todos los investigados declararon en el juzgado hace cerca de cinco años y negaron haber cometido ningún delito.

 

Pendiente de la apertura de juicio oral tras años de retrasos

El ‘caso Multimedia’ es una reliquia judicial cuya instrucción arrancó en el año 2014 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. La causa lleva años paralizada en instrucción y ahora ya sólo espera que se dicte auto de apertura de juicio oral para llegar a juicio en la Audiencia Provincial. Además de la Fiscalía está también personada como acusación particular la Abogacía de la Comunitat.

 

ANTONI MANCHADO

Manchado se desvinculó del presunto desvío de fondos a través de Multimèdia

 

Antoni Manchado declaró ante la jueza de instrucción número 5 de Palma, Ana San José, que cuando era consejero delegado de la empresa autonómica Multimedia desconocía qué sociedades optaban a los contratos y defendió la utilidad de los trabajos pagados con dinero público.

 

Manchado, investigado por los presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, subrayó en su declaración que su papel al frente de la empresa pública en calidad de Director General de Tecnología y Comunicación en la legislatura 2007-2011, era de dirección política, no de gestión directa.

 

Según fuentes jurídicas, el socialista indicó que, aunque autorizara las contrataciones investigadas, no intervenía directamente en su adjudicación ni sabía cuáles eran las empresas a las que se invitaba a participar en los concursos.

 

Manchado señaló en su declaración judicial que estaba satisfecho del trabajo que se realizó desde Multimedia, sociedad que canalizó en esa legislatura el proceso para la implantación de la televisión digital terrestre.

 

La fiscal Anticorrupción Ana Lamas pidió al declarante explicaciones por la falta de informes de necesidad y urgencia de algunos de los trabajos pagados por Multimedia, a lo que el imputado señaló que la inminencia del «apagón» de la televisión analógica en 2009 justificaba los encargos.

 

Manchado también defendió la pertinencia de un informe sobre tecnología y salud encargado a una empresa de Pablo Rivero, un exalto cargo socialista que también declaró en calidad de investigado.

 

Rivero, que fue director general de Planificación y Financiación en el primer Govern del Pacto de Progreso (1999-2003) y Director General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud en la segunda legislatura de Zapatero, declaró antes que Manchado.

 

En este caso, en el que se investiga la presunta malversación de unos 327.000 euros públicos a través una decena de contrataciones, también está imputado Francisco Cano.

 

Cano, que ya declaró ante la jueza San José, fue contratado para gestionar convenios con ayuntamientos para la instalación de antenas por la productora Vídeo U, que a su vez había recibido el encargo de Multimedia.

 

Según fuentes jurídicas, el exdirigente socialista cobraba 2.040 euros al mes de forma indirecta de Multimedia a través de Vídeo U, que percibía cerca de 6.000 euros mensuales por la ejecución del proyecto.