Los populares ya denunciaron en el Pleno que la Instrucción de contratación aprobada por el PSOE infringía la normativa imponiendo el uso del catalán a las empresas que liciten con el Ayto.

El PP de Calvià ya puso de manifiesto que esta Instrucción sobre cláusulas lingüísticas es contraria a la Constitución por discriminatoria, y a la Ley de Contratos del Sector Público al establecer requisitos adicionales de carácter idiomático.

Los populares critican la actitud servilista del equipo de gobierno socialista frente a la radicalidad de sus socios de gobierno. Se trata de un ejemplo más, en el que el Alcalde cede a las exigencias de sus socios para mantenerse en el poder, incluso a sabiendas de que esta Instrucción contiene una normativa, que impone exigencias lingüísticas que limitan objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación, vulnerando el principio de libre concurrencia e igualdad de trato, por lo que no se ajusta a derecho conforme a las causas de exclusión contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la normativa europea (Directivas 2004/18/CE y 2014/24/UE), que no contempla las cuestiones lingüísticas como causa de exclusión de un posible licitador. Ya existen varias sentencias que apuntan en este sentido por parte de tribunales contencioso-administrativos.

En lo referente al resto de cláusulas que recoge la Instrucción de contratación, tanto sociales como medioambientales, los populares las consideran adecuadas para promover una contratación pública sensible, sostenible y comprometida con las personas más vulnerables. Así quedó patente en los Plenarios municipales donde se solicitaba que el equipo de gobierno retirase exclusivamente la parte de  las cláusulas de exigencias lingüísticas.

Por ello, los populares critican duramente la actitud radical del equipo de gobierno que haciendo oídos sordos a las advertencias de ilegalidad del grupo popular respecto a la aprobación de estas las cláusulas lingüísticas, que impiden acceder a las empresas a las licitaciones de la administración en igualdad de condiciones en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad.