El PP de Calvià sostiene que las cláusulas lingüísticas impulsadas por el Consistorio van contra la ley.

Delegación de Gobierno en Balears ha presentado un recurso contencioso–administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) contra la instrucción municipal por la cual se introducen exigencias lingüísticas, sociales y medioambientales a las empresas que quieran contratar con el ayuntamiento de Calvià, gobernado por PSOE y SSPC.

La impugnación se refiere expresamente a las cláusulas que hacen referencia al uso del catalán por parte de los contratistas y establecen, por ejemplo, que la empresa que trabaje para el Consistorio tendrá que emplear el catalán en "rótulos, publicaciones, avisos y otras comunicaciones de carácter general que se deriven de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato".

De igual forma, se determina la obligatoriedad de que los contratistas tengan unos trabajadores con el "conocimiento suficiente del catalán" para llevar a cabo en esta lengua las tareas de atención, información y comunicación.

El PP de Calvià, en la oposición, celebró el recurso de Delegación de Gobierno contra estas disposiciones, al entender que estas cláusulas son "contrarias a la Constitución por discriminatorias", mientras que el Consistorio acusó a los populares de "frenar" una contratación pública que prima a las "personas más vulnerables y al medio ambiente".

"Las exigencias lingüísticas limitan objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación, vulnerando el principio de igualdad de trato", argumentó el PP calvianer, que atribuyó la introducción de estas cláusulas sobre el catalán a la "radicalidad de sus socios de gobierno", en alusión a Esquerra Oberta (coalición formada por MÉS e Izquierda Unida), que presentó la iniciativa en un pleno.

"Se trata de un ejemplo más en que el alcalde cede a las exigencias de sus socios para mantenerse en el poder",  señaló esta formación política. El PP quiso subrayar que las otras cláusulas introducidas, referidas a aspectos sociales y medioambientales, sí que son "adecuadas para promover una contratación pública sensible, sostenible y comprometida con las personas más vulnerables".

En este sentido, cabe recordar que la instrucción municipal establece que se valorará especialmente a las empresas que contraten personas con dificultades para acceder al mercado laboral, que tengan políticas paritarias, que usen energías renovables y que fomenten la conciliación de la vida familiar y laboral, entre otros puntos.

Por su parte, el portavoz del ayuntamiento de Calvià, Andreu Serra (PSOE), consideró una "irresponsabilidad del PP" detener la implantación de estas cláusulas, al tiempo que acusó a los populares de no haber intervenido activamente en la comisión municipal donde se debatieron estas disposiciones.  

"Las cláusulas sociales se aprobaron por unanimidad y con el visto bueno de los servicios jurídicos", afirmó Serra, quien agregó que también se acordó que las personas que se dirijan en catalán a la administración "tengan el derecho de ser atendidas en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad.

Fuente… DdM..